El impacto de la inteligencia artificial en la seguridad pública La política describe varias aplicaciones de la inteligencia artificial que tienen el potencial de impactar la seguridad pública y los derechos humanos. Se ordena que las agencias implementen salvaguardias antes del 1 de diciembre, incluyendo medidas para mitigar la discriminación algorítmica y garantizar la transparencia en el uso gubernamental de la inteligencia artificial. Se requiere que las agencias cesen el uso de IA que no cumpla con estas salvaguardias. Además, deben informar al público sobre cualquier IA exenta de cumplir con la política de la OMB y proporcionar una explicación para dichas exenciones. Ciertas AI que tienen un impacto directo en la seguridad, como aquellas que controlan presas, redes eléctricas, sistemas de control de tráfico, vehículos y robots en el lugar de trabajo, entran en la categoría de AI que impactan en la seguridad. Por otro lado, las AI que suprimen o eliminan el discurso protegido, generan evaluaciones de riesgo para las fuerzas del orden y realizan identificaciones biométricas se clasifican como AI que impactan en los derechos.

Las decisiones impulsadas por la IA relacionadas con la atención médica, la vivienda, el empleo, el diagnóstico médico y el estatus migratorio también se consideran AI que impactan en los derechos. Según la política de la OMB, también se anima a las agencias a divulgar el código, los modelos y los datos de IA de propiedad del gobierno, siempre y cuando no represente un riesgo para la seguridad pública o las operaciones gubernamentales. La nueva política ha recibido críticas mixtas de diversas organizaciones de derechos humanos y derechos digitales. Si bien la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) considera que la política es un paso importante para proteger a los residentes de Estados Unidos de los abusos de la IA, también ha planteado preocupaciones sobre sus limitaciones. La ACLU destacó específicamente las amplias excepciones para los sistemas de seguridad nacional y las agencias de inteligencia, así como las exenciones para la información sensible de la aplicación de la ley. En un comunicado, Cody Venzke, Asesor Principal de Políticas de la ACLU, afirmó: "El uso federal de la IA no debe socavar los derechos y la seguridad, pero los usos dañinos y discriminatorios de la IA por parte de agencias de seguridad nacional, gobiernos estatales y otros siguen en gran medida sin regularse. Los responsables de las políticas deben tomar medidas para abordar estas lagunas y establecer las protecciones necesarias".